Para el Comité Cívico Pro Santa Cruz es llamativo que los procesos en los que están involucrados personalidades de esa región se realicen con agilidad, mientras que los casos de presunta corrupción de los 14 años del Gobierno del MAS no se tocan ni se investigan.

Los últimos días salió a la luz el caso ítems fantasma en la Alcaldía de Santa Cruz y el supuesto desvío de fondos de la Gobernación  cruceña durante la gestión de Rubén Costas. La región es considerada un bastión opositor al MAS.

"Todos los procesos de corrupción que se denuncian en Santa Cruz o en Bolivia deben ser investigados y los acusados deben ser procesados conforme a derecho. No deben violentarse los derechos y garantías constitucionales de ningún ciudadano de este país, pero, reitero, las denuncias deben ser investigadas y esclarecidas", dijo el primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach.

Sin embargo, dijo, "nos llama de sobremanera la atención —y tiene lógica que se haga así— que la Fiscalía actúe ágilmente en los procesos que involucran a Santa Cruz, pero 14 años de corrupción de Evo Morales no se tocan, no se investigan, nadie dice nada".

Larach dijo que, de acuerdo a la norma, la prisión preventiva debe imponerse en casos excepcionales, pero que el Movimiento Al Socialismo (MAS) la utiliza como "una medida de amedrentamiento".

"Si la señora Sosa merece o no ser aprehendida, no me corresponde juzgarlo, no conozco los detalles y no conozco el proceso. Sin embargo, entiendo, que en el derecho la medida cautelar de arresto no debe ser una norma sino una excepción", dijo.

En sus redes sociales, Laracha aseveró que "Santa Cruz necesita transparencia. Santa Cruz necesita la verdad, que se aclaren, investiguen y se sancionen todas las denuncias de corrupción, respetando el debido proceso. Aquí el MAS tiene mucho que responder".

"¡Que estos hechos no sean una excusa para que el Gobierno persiga a los ciudadanos que defienden la democracia!", apuntó.