El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó ayer que se interrumpió el embarazo de la niña de 11 años, víctima de violación por parte su abuelastro en Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz. Esta información surge después de que el sábado se informara que el parto de la menor se había adelantado.

Tras el informe, la Plataforma Ciudadana por la Vida y la Familia acusó a la defensora del pueblo Nadia Cruz, a instituciones gubernamentales y a varias ONG por la interrupción del embarazo, denunció la muerte del neonato y rechazó las acciones tomadas en el caso.

“Esta menor el día de ayer ha interrumpido su embarazo conforme a la normativa legal vigente, lo que han dispuesto las autoridades judiciales en nuestro país. La menor ya ha sido dada de alta el día de ayer y ya va a estar dispuesta para la Defensoría del municipio de Yapacaní”, informó Del Castillo en conferencia de prensa.

El bebé de la menor, de 11 años, que fue violada y embarazada por su abuelastro en Yapacaní nació vivo, tras una intervención realizada por médicos ante la instancia judicial interpuesta por organismos del Estado, hecho que generó protesta en los familiares, por no haber permitido el desarrollo normal de formación del nuevo ser.

La información fue confirmada por los abogados Néstor Higa y Yovani Cabello, que defienden a la mamá de la niña. 

De acuerdo a los informes, el bebé pesó 500 gramos y se espera que las autoridades brinden detalles sobre el estado de salud de la niña madre y del recién nacido. Los abogados denunciaron que la madre (de la menor) fue prácticamente secuestrada y perseguida para alejarla de su propia hija.

Dijeron que se trata de una persecución y vulneración de derechos infinitos, donde la voluntad de la madre y de la familia está siendo vulnerada por el mismo Estado. Las autoridades deberían defender la vida, de la mamá y del bebé, así dice la Constitución Política del Estado, señaló uno de los defensores.

Los abogados de la madre aseguraron que la niña se encontraba en un hogar de acogida y que la Defensoría del Pueblo a través de un amparo constitucional en La Paz, obligó a que sea sacada del establecimiento y llevada al hospital Francés, donde fue sometida a una cirugía. Sin embargo, la defensa de la madre denunció que la mamá fue obligada y separada de la niña (madre), hecho que es considerado como una “persecución feroz”.

Los abogados Higa y Cabello ya tienen listo un recurso de acción de libertad por considerar que se trata de una persecución contra la mamá y la niña. Además, para que presenten a la niña, a su bebé y para que no tomen en su poder la vida de estas personas. La defensa espera un informe oficial en las próximas horas y que cese la persecución a la mamá, a la niña y se garantice la vida plena.

El bebé estaba en un proceso cercano a su nacimiento normal, fue un parto inmaduro. “Qué necesidad tenían las autoridades del Estado de apurar el parto, ellos serán responsables si pasa algo peor con esa criatura” dijo el abogado Néstor Higa.

Por ahora se espera un informe oficial de las autoridades jurídicas y médicas que la atendieron para conocer el estado de salud de la criatura y de la menor, de 11 años.