“Después de siete horas de secuestro, hemos sido liberados”. Así sintetizaba el fotoperiodista de EL DEBER, Jorge Gutiérrez, los momentos de terror vividos en el predio Las Londras, ubicado en la provincia Guarayos, entre los municipios de El Puente y San Julián, donde 80 encapuchados armados secuestraron a 17 personas de una comitiva de 20, cuando llegaron al lugar para conocer la posición de supuestos campesinos que eran acusados de avasallar la propiedad por parte de productores.

Eran las 11 de la mañana. La comitiva había sobrevolado la zona y avanzó hasta el lugar a bordo de seis camionetas. Un grupo de policías, dirigido por el comandante de la Chiquitania, Rolando Torrico, llegó a la propiedad porque el día anterior cuatro trabajadores fueron heridos con disparos de arma de fuego. Los trabajadores son atendidos en hospitales de Montero y Hardeman.

Los efectivos se separaron de las camionetas que trasladaron a periodistas, policías, trabajadores y propietarios con la intención de hablar con los ‘toma tierra’ y convencerlos de que hable con los medios de comunicación para dar su versión de los hechos.

Sin embargo, mientras el diálogo se daba a 800 metros de la comitiva. Cinco vehículos fueron interceptados por hombres con capuchas y con armas que salieron del monte a manera de emboscada. “Estaban organizados, todos armados con escopetas y salones”, dijo la periodista de Unitel, Silvia Gómez.

Los periodistas habían intentado escapar del lugar después de ver cómo obligaron a un coronel de policía y otro uniformado a tirarse al piso y cómo los patearon sin piedad. Sin embargo, los avasalladores se pusieron frente a los vehículos, dispararon a las llantas y obligaron a salir a sus ocupantes.

La Policía se percató de la situación y buscó dialogar con ellos. Mientras lo hacían, repentinamente llegaron más de 10 personas, la mayoría encapuchadas, con diferentes armas de fuego y directamente encañonaron a los pocos efectivos policiales que habían en el lugar, a los trabajadores, a los periodistas y a los familiares de los propietarios de Las Londras.

Fueron momentos de mucha tensión. Solo un camarógrafo de PAT, Róger Ticona uno de los dueños del predio, Rony Roca y el chofer lograron escapar. Fue gracias a ellos que la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo)- que había convocado a los periodistas a registrar el avasallamiento- y los medios de comunicación se enteraron del secuestro.

Los que quedaron sufrieron insultos y fueron llamados traidores, los amenazaron con quemarlos. Los efectivos policiales fueron los más golpeados. Al comandante de la Policía de la Chiquitania lo revolcaron a patadas, según testigos. Lo mismo pasó con los trabajadores.

Luego, las 17 personas detenidas fueron llevadas al campamento de los avasalladores, donde continuó la tortura: los golpearon y patearon durante horas. Los encapuchados llevaban salones, escopetas, revólveres y hasta un rifle con mira telescópica.

Antes del traslado, les arrebataron las cámaras y las destruyeron a golpes y a balazos para que no quede registro del hecho. A uno de los camarógrafos le dieron varios golpes con la cacha de un arma y a otro le dijeron que lo iban a quemar vivo. Otra de las víctimas relató que los encapuchados gritaban: “San Julián se respeta”.

A pesar de los golpes, el comandante de la Policía de la Chiquitania buscó negociar. Pidió hablar con los cabecillas del grupo. Les hizo saber que la camioneta que pudo escapar con un periodista con seguridad iba a dar la voz de alarma. Les comunicó que con seguridad un contingente con más de 500 policías estaba yendo a liberarlos y que no valía la pena un enfrentamiento. Finalmente, logró convencerlos y a las 18:00 los secuestradores liberaron a los rehenes.

La voz de alerta

El camarógrafo de PAT, Róger Ticona, cerca de las 14:00 en una breve charla por WhatsApp, confirmaba que periodistas de EL DEBER, Unitel, Red Uno y ATB eran rehenes de los interculturales y que él pudo escapar. Escribió: “Habían personas armadas y con la cara cubierta. Estoy muy nervioso”.

Pasadas las 15:40, Fidel Flores, presidente de Anapo, indicó: “rechazamos este tipo de acciones y pedimos a las autoridades que den seguridad a las personas que están en predios productivos. Es una barbaridad lo que está sucediendo, pido al Gobierno que frene estos abusos y sancione a estos avasalladores de acuerdo a ley”, sostuvo.

Freddy García, segundo vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, lamentó que las autoridades no frenen estos actos ilegales y violentos y que los mismos se vayan intensificando cada vez más.

“Esta es una espiral. El Gobierno debe poner un alto a estas actividades y castigar a estas personas que están al margen de la ley. Se necesitan acciones concretas y no solo promesas”, dijo García a tiempo de indicar que desde julio hay tomas de tierras sin que las autoridades actúen.

Rony Roca, uno de los propietarios del predio Las Londras, indicó que las personas que llegan al lugar están armadas, son violentas, están encapuchadas y siembran terror entre los productores. “Tenemos cuatro heridos de bala. Usan nuestra maquinaria. Mi familia fue secuestrada junto con los periodistas. Por favor pido la intervención de las autoridades”, imploró Roca entre lágrimas.

INRA alista inspección

Adalberto Rojas, director departamental del INRA Santa Cruz, indicó que el predio Las Londras ha pasado por un largo y tedioso proceso de saneamiento y que a partir de una resolución del Tribunal Agroambiental se tuvo que realizar nuevamente la verificación de la Función Económica Social (FES) y que una resolución determinó que el 90% de las 18.000 hectáreas de Las Londras son tierras fiscales y solo un 10% está destinada a la producción agropecuaria.

Sobre lo sucedió en el norte cruceño, Rojas considera que con estos actos lo que se busca es confundir a la opinión pública y no permitir que se cumpla con la resolución. “Se debe saber dónde pasaron los hechos si en áreas privadas o en tierras fiscales”, indicó la autoridad y remarcó: “ellos se sienten afectados porque son 18.000 hectáreas y están tramando, a través de este hecho que el INRA cambie su informe”, en una clara alusión a los propietarios de las tierras productivas sin mencionar el secuestro a los afectados.

Al respecto, Timoteo Callejas, abogado de la propiedad Jihusa que es parte de Las Londras, indicó que la zona tiene derecho propietario desde 1979. “El predio Las Londras tiene título ejecutorial extendido por el ex Consejo de Reforma Agraria, tal es así que la empresa Jihusa obtuvo crédito en entidades financieras del país, con esta tierra como garantía hipotecaria”, precisó.

Mientras el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, convocó a los sectores en conflicto a dialogar y no llegar a la violencia. Insistió en que el predio no está saneado.

A su vez, Fernando Asturizaga, abogado especialista en derecho agroambiental, explicó que la toma de tierras se le está saliendo de las manos al Gobierno y que es llamativo que en un año de gestión el presidente Luis Arce, no haya entregado ni un solo título de propiedad o proceso de sanenamiento. En este sentido, hizo dos lecturas: “La primera que el Ejecutivo no confía en la labor del INRA o que simplemente mira al costado porque hay otros intereses que nosotros desconocemos”, agregó.