Después de que la presidenta Jeanine Áñez anunció que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) devolverá las acciones a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec), los expertos en el tema están divididos sobre la legalidad de la propuesta, pues unos consideran que se trata de privatización, pero otros aseguran que solo es una restitución, debido a que el Gobierno nunca pagó por las acciones nacionalizadas en 2010.

Elfec fue nacionalizada el 1 de mayo de 2010 y en abril de 2012 el Decreto Supremo 1178 autorizó a ENDE, en representación del Estado, asumir la propiedad del 92 por ciento de las acciones, que pertenecían a la empresa Luz del Valle, Comteco, trabajadores de Elfec y otros.

Durante todo este tiempo, Elfec fue generando utilidades anuales de entre 10 y 15 millones de dólares, dinero que se transfería a ENDE.

El exprocurador General del Estado José María Cabrera concluye que devolver las acciones a Elfec significaría privatizarla, lo que causaría un daño económico al Estado.

“Se hablaba de restituir el paquete accionario y cuando la propiedad se restituye del sector público al privado se llama privatización, así como a la inversa cuando la propiedad privada se transfiere al Estado se llama nacionalización o expropiación, pero no hay esa figura de restituir paquete accionario a privados”, dice Cabrera.

El abogado constitucionalista Julio Veizaga coincide con Cabrera en que devolver las acciones de Elfec significaría retornar a la privatización e indica que eso se puede realizar si el Gobierno lo decide así. “Comteco es una entidad privada, no es del Estado. Si se devuelven por un decreto, las acciones vuelven a manos privadas. Si el Gobierno decide devolver estas acciones está devolviendo lo que era del Estado a dominio del sector privado. En términos generales, es privatizar. Eso puede darse si el Gobierno ha decidido de ese modo”, explica.

El también abogado constitucionalista José Antonio Rivera, considera que la devolución de acciones de Elfec no es una privatización debido a que el Gobierno nunca pago por ellas. “Esas acciones pasaron al Estado sin cumplir la ley, por tanto, no está consolidado como propiedad del Estado. Lo único que se está haciendo es restituir lo que indebidamente se expropió sin pagar el justo precio”, indica.

El economista Roberto Laserna indica que el proceso de devolución de acciones a los socios es legal, debido a que el Gobierno nunca indemnizó o pagó por las acciones que nacionalizó. “Nunca han pagado. Si usted se compra un auto y no paga, viene el dueño y se lo quita. Además, Elfec nunca dejó de ser una sociedad anónima”, ejemplifica.

Para el exprocurador, se puede privatizar, pero hay procedimientos

Para el exprocurador José María Cabrera, no se trata de una restitución de acciones, pues durante 10 años ENDE dispuso del dinero de las utilidades de Elfec, por lo que ese dinero también debería ser devuelto.

“No se puede llamar restitución a este proceso. Se quiere volver a privatizar, se tiene que llamar las cosas por su nombre, aplicar los procedimientos que la ley establece. Es legal privatizar, pero la ley establece procedimientos y se debe hacer de manera transparente, no de manera superficial a través de un decreto rápido. Eso no es correcto”, explica Cabrera.

El fin de semana los trabajadores de Elfec indicaron a Cabrera en comunicado que nunca recibieron una justa indemnización por la expropiación por sus acciones.

Sobre ello, Cabrera indicó que los afectados debieron interponer demandas nacionales e internacionales. “El Gobierno no puede defender intereses particulares. Como Procurador del Estado, mi deber era defender a todos los bolivianos y al Estado boliviano y actualmente ENDE es propiedad del Estado. No podemos afectar el patrimonio de una empresa estatal estratégica”, indicó.

El decreto que pretende devolver las acciones de Elfec fue elaborado por el Ministerio de Gobierno, sin sustento, técnico y legal y el ministro Arturo Murillo solicitó que se apruebe por la vía del procedimiento rápido, el viernes 11 de septiembre en una reunión de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, con el gabinete de ministros.

“El Ministerio de Gobierno no tiene ninguna incumbencia en el tema electrificación, corresponde al Ministerio de Energía. La vía rápida es para decretos de menor importancia, de mero tramite, que no requieren mayor estudio. Revertir una nacionalización será acaso un caso de mero trámite, que no requiere análisis”, explicó Cabrera.

El exprocurador indicó que todas esas observaciones se dieron a conocer en la reunión, por lo que los Ministros fueron alertados de la responsabilidad de aprobar esta norma.

“Hasta el día de hoy no se ha concretado ese Decreto Supremo porque ninguno de los 16 ministros en su sano juicio están dispuestos a firmar un acto tan temerario, tan irresponsable que afecta a los intereses y a la economía del país. Eso causo la furia de Murillo que solicitó a la Presidenta que proceda a la remoción del Procurador”, dijo Cabrera.