La Fiscalía Departamental de La Paz emitió este miércoles una orden de aprehensión contra siete funcionarios de YPFB por presunta elaboración de una resolución donde se autoriza, de forma irregular, realizar adjudicaciones directas de bienes y servicios durante la emergencia sanitaria del Covid-19.

Alexis Vilela, Fiscal de Anticorrupción, indicó que la orden de aprehensión está en contra de: Gilmar J.P.L., José A.G.D., Marisol K.J.S., Cristián V.F., Daniel H.P.E., July M.O.C. y Dimelsa V.G.L., todos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Estas siete personas trabajan el área jurídico legal de la estatal petrolera y el día de hoy se presentaron a prestar sus declaraciones informativas dentro del caso YPFB; sin embargo, se encontraron suficientes indicios que hacen presumir su participación en el hecho, por ello hemos emitido la orden de aprehensión", dijo Vilela.

Se presume que los aprehendidos, mediante un grupo de WhatsApp y de reuniones de trabajo, habrían elaborado la Resolución Administrativa 78/2020 para después ser emitida por el expresidente de YPFB, Herland Soliz, quien también es investigado.

"Esta resolución autorizó realizar contrataciones directas durante la cuarentena, hecho que iría en contra de las normas de contrataciones y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la estatal petrolera" dice el informe de la Fiscalía.

Los delitos por los cuales se presentará la imputación formal en contra de estas siete personas son incumplimiento de deberes, iso Indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

También se informó que las investigaciones preliminares tuvieron como resultado que uno de los contratos observados por la Unidad de Transparencia de YPFB “es la contratación directa sin licitación y en plena cuarentena del servicio de seguros generales, para casos de incendio, preservación de maquinaria, responsabilidad civil, interrupción de negocios y otros para el periodo 2020-2021, por un valor aproximado de 49 millones de bolivianos”, explicó la Fiscalía.