Ni el Gobierno Central ni la Ahetos-Consultores, que elaboró el primer estudio a diseño final, conocen pedido alguno de hacer un segundo estudio para una planta de tratamiento de aguas residuales en Tarija, como reveló la Concejal por el MAS, Raquel Ramos.

“Hasta el momento, no hay conocimiento en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) ni en Ahetos-consultores sobre un segundo estudio”, confirmó el activista e impulsor del proyecto, Ricardo Pacheco Flores.

“Para pedir un segundo estudio, se necesita un nuevo contrato que involucra una nueva licitación y más financiamiento”, agregó Pacheco que mostró su acuerdo con el primer estudio elaborado y que generó críticas y hasta rechazo de algunos sectores.

“No se puede dilapidar 5 millones de bolivianos en un estudio que acaba de ser elaborado y acaba de recibir el reporte final”, insistió Pacheco al recordar el costo del primer estudio que fue financiado por el gobierno boliviano.

De acuerdo a Pacheco “habrá que esperar un pronunciamiento oficial del MMAyA sobre un nuevo estudio y no especular algo que no es oficial, no es aconsejable”. El proyecto de una planta de tratamiento en Tarija, es de vital importancia.

La concejal Ramos declaró que el gobierno estaría disconforme con el primer estudio de Ahetos por el alto costo que estableció para construir la planta, 560 millones de bolivianos, cuando en otras regiones habría proyectos por menos dinero.

“Ahora el gobierno le está pidiendo a Ahetos que haga un segundo estudio de factibilidad, porque no puede ser que se haga una planta tan cara, cuando de la misma capacidad tienen en Cochabamba con 150 millones”, afirmó la autoridad municipal.

El gobierno de Evo Morales Ayma, el 2019, sin acuerdo ni coordinación con la gobernación y el municipio de Tarija, licitó el Estudio para la planta de tratamiento y adjudicó a Ahetos-consultores por 5 millones de bolivianos.

La relación entre el gobierno y la gobernación por este proyecto, se conflictuó porque el primero planteó una licitación ordinaria, el segundo bajo la modalidad llave en mano, es decir, que quien se adjudique el estudio ejecute la obra y ponga en funcionamiento.

Morales Ayma el 2015, en etapa electoral, prometió un aporte de 30 millones de dólares para la ejecución de esta planta que no se concretó hasta ahora, pese a ser de extrema prioridad ya que Tarija está viviendo en medio de la contaminación.